sábado, 23 de agosto de 2008

JUSTICIA PLENA


Ya han transcurrido casi 18 años desde el término del Gobierno Militar en Chile, y al cabo de todo este tiempo se podría hacer un balance respecto al sensible tema de las violaciones a los derechos humanos, que da como resultado una búsqueda parcial de las responsabilidades penales y en cuanto a las políticas casi nula.

Los distintos pueblos que han sufrido colapsos a sus sistemas democráticos, como le sucedió a Chile, han intentado variadas fórmulas de poder revisar su historia reciente y a través de ese proceso buscar la manera de sanar sus heridas y quiebres.

En Chile el fenómeno ha volcado toda su fuerza en la búsqueda de las responsabilidades penales de todos los uniformados y agentes de las instituciones que el Gobierno Militar mantuvo para acabar con las organizaciones subversivas o terroristas y al pasar de los años, las culpas de muchos actores políticos, pre y post 1973, han quedado en un segundo plano sin alguna responsabilidad sobre lo acaecido.

Los casos de persecuciones arbitrarias y juzgamientos ilegales se multiplican, pero como no son situaciones de impacto público, han sido dejados de lado, y aquellos que integraron las filas de las FF.AA. y Carabineros que hoy son objeto del olvido culposo de una nación, no se manifiestan ni cuentan con el apoyo internacional, político y económico que si tienen quienes formaron parte de los muchos movimientos de izquierda y extremistas de los 60 y 70, verdaderos responsables de llevar a naciones como Chile a asonadas Militares y Gobiernos de facto.

Argentina, que tuvo al igual que Chile a militares en el poder, ha optado por un camino que pareciera ser similar al Chileno, pero que tengo la impresión no se ha extendido en el tiempo y cantidad de personas afectadas como lo que sucede en nuestro País.

En este escenario, en que los países sudamericanos y en especial los políticos que provocaron tanto movimiento golpista, han buscado expiar sus culpas en los uniformados, Argentina nos está entregando una señal fuerte y de plena justicia al declarar como delito de lesa humanidad el secuestro y posterior asesinato, a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), del Coronel del Ejército ARGENTINO DEL VALLE LARRABURE.

La familia Larrabure, en un comunicado, señaló que "las crónicas parlamentarias prueban que la clase política contribuyó a la tragedia que sobrevino, calificando a quienes habían sido condenados por hechos terroristas como perseguidos políticos que lucharon por la liberación y contra la dependencia".

Arturo Larrabure, hijo del coronel, denunció que los militantes del ERP son homenajeados en el Parque de la Memoria, y que entre los nombres de los militantes desaparecidos y asesinados entre 1974 y 1983 figuran los de Amorosa Brunet de González, sus hijas Ruth y Estrella, y Héctor Vitantonio, novio de Estrella, caídos en 1976. Ellos fueron señalados como los carceleros de Larrabure. También está el de Mario Eugenio Pettigiani, quien, para la Justicia, fue el "ayudista" que facilitó al ERP la toma de una fábrica militar donde secuestraron a Larrabure.

Para quienes gustan de hurgar en los antecedentes históricos, les recomiendo la siguiente página web, donde se pueden encontrar antecedentes respecto al Coronel DEL VALLE LARRABURE:

http://infobae.com/contenidos/321380-100884-0-Las-fotos-que-muestran-un-delito-lesa-humanidad

Finalmente, si Chile decide no dar por cerrado un capítulo que lo divide, sería muy bueno que los tribunales y los movimientos por los DD.HH. imitaran el ejemplo Argentino, algo que sin duda le daría un sentido más amplio y real a la palabra justicia.

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