Es por todos sabido que farmacias Ahumada ha reconocido su participación en la colusión de las 3 importantes cadenas del rubro, lo que le permitió llegar a un acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Este “acuerdo” obliga a FRAMACIAS AHUMADA a compensar al estado con 1.350 UTA, es decir un poco más de US$ 1.000.000, cifra muy lejana de los millones de dólares que ganó gracias a la mencionada colusión.

El punto al que quería hacer mención, tiene relación con la liberación de responsabilidades de los altos ejecutivos de esa cadena de farmacias (estipulado en el acuerdo concilatorio), delegando su participación en las decisiones que llevaron a la colusión en los mandos medios de dicha firma. Al leer este punto no pude evitar acordarme de uno de los preceptos más importantes de la administración, materia que se enseña en múltiples carreras profesionales o técnicas.

Se dice que delegar no es dar o entregar y olvidarse de la función derivada o cedida. La delegación no libera a la persona que delega de su responsabilidad sobre la correcta ejecución de la tarea o función. La responsabilidad no se delega. Es decir que aunque un jefe delegue en un colaborador una tarea y/o función, sigue siendo responsable ante sus superiores del cumplimiento de la misma y conforme al nivel de eficiencia establecido. Finalmente, la administración general siempre menciona que lo que efectivamente se delega es la autoridad, aspecto que busca entregar dicha facultad a los distintos mandos jerárquicos de todo tipo de organización, para aspectos de dirección y ejecución de las tareas y misiones.

Dicho todo esto se puede concluir que para la mayoría de los mortales, siempre los “jefes” deberán responder por lo que la organización hizo o dejó de hacer, hecho absolutamente reñido con la interpretación que FARMACIAS AHUMADA quiere hacer sobre el bullado escándalo de colusión.

Como se puede observar, una vez más los mandos superiores buscan librar de las consecuencias de hechos delictuosos y la solución es reconocer parcialmente lo sucedido y tratar por todos los medios de hacer recaer la culpa en mandos medios, situación que hemos visto replicada en múltiples oportunidades en los escándalos de corrupción de los gobiernos de la concertación.

Como se puede ver, el cáncer de la corrupción y la cobardía esta presente en el ámbito público y privado y el aspecto que los une, es que siempre los grandes ejecutivos o autoridades superiores buscar zafarse de las consecuencias de situaciones que seguramente estuvieron en todo momento en conocimiento.

Para quienes quieran conocer el acuerdo, les adjunto un link que permite bajarlo desde un servidor de descargas.

http://rapidshare.com/files/214741507/Acuerdo_concilatorio_FASA-FNE.pdf.html

A propósito de la iniciativa de enrejar el Parque Forestal y los muchos argumentos a favor y en contra, siempre habrá un hecho tangible y es que la delincuencia y el desorden social se han tomando las calles y los espacios públicos, bajo el auspicio de la Concertación, cuya figura significativa en estos momentos es la señora Bachelet.

Las personas comunes y corrientes expresan una y otra vez su desencanto con esta realidad a través de los medios escritos y aprovechándome de la excelente carta de otro ciudadano como yo, uso sus líneas enviadas a un medio de prensa.


Identidad delictual

El monstruo de Amstetten, los jefes de la droga en México, los asesinos en EE.UU., todos circulan a rostro descubierto. Mientras, en Chi­le la delincuencia es cada día más agresiva y la frase "delincuente con amplio prontuario fue capturado", se escucha con demasiada frecuen­cia. ¿Cómo sé realmente que el delincuente cap­turado es el que dicen, si es tan paternalmente protegido por sus captores? Con la cara oculta, le proveen mantas, casacas, gorros, manos poli­ciales, o lo que sea para proteger su cara. Se informó de la mayor redada en los últimos 20 años, en Hualpén (Concepción), donde se dice que se capturó al mayor traficante de drogas. Lo que vi fue a alguien caminando, muy ayudado, y bien tapado por una casaca. Ya está bueno de protec­ción a la delincuencia. Mientras, la única pro­tección que la ciudadanía ha debido desarrollar son alarmas, cercos eléctricos, puntas de tibu­rón, perros, etc. Hay una deuda policial y judi­cial enormes con el ciudadano.

Alberto Pacheco K.

Como ya sucedió hace 4 años atrás, nuevamente funcionarios públicos han comenzado a realizar campañas políticas al interior de sus reparticiones, empleando tiempo y medios fiscales, pagados por todos los Chilenos.

Para ponerle la guinda a la torta, resulto que nada menos que una asesora del Ministro de Hacienda, la Señora o señorita Ximena Aldana, es la que pierde su tiempo durante las horas del servicio, en vez de dedicarlo a la tarea para la cual fue contratada, sobre todo en un año donde la amenaza más grave que se cierne sobre el país, es la de una crisis económica de proporciones.

De esto puedo sacar como conclusión que el hambre y sed de poder de la Concertación es tan grande que no tienen reparos en dejar de hacer lo que deben, para dedicarlo al proselitismo, sin importarles un carajo que mucha gente ya sienta en carne propia las consecuencias de la crisis.

Es tan cara de nalga esta señora que invita a los funcionarios a una localidad fuera de Santiago para actividades de campaña política y les asegura que si la cantidad es considerable: ”tenemos la posibilidad de financiar un bus para el traslado”, el que me imagino pagaremos entre todos los giles a través de nuestros impuestos.

Hasta donde llega la falta de compunción de la izquierda gobernante y lo más importante hasta cuando muchos Chilenos le seguirán dando cheques en blanco a estos descarados cada vez que los eligen para los distintos cargos y puestos de gobierno.

Una vez más quiero usar las palabras de otra persona, en virtud a lo acertadas que resultan sus ideas respecto a un tema que ha sido abandonado y ninguneado sucesivamente por todos los Gobiernos de la Concertación; más allá de estar de acuerdo o no con las reivindicaciones de “un grupo de mapuches” (no son la mayoría, ya que el último censo arroja como antecedente que la mayoría de las personas de esta ascendencia viven en las grandes ciudades), aquí lo importante es que se ha actuado por fuerza de los hechos y preceptos como la justicia y el orden público fueron subordinado a pequeños grupos de opinión, pero que por la maraña de contactos con organizaciones en el extranjero, especialmente en Europa, han logrado doblarle la mano a un Estado débil y taciturno…y cuando no cómplice.



Domingo 15 de Marzo de 2009


Señor Director:

Lamentablemente, conozco la triste situación que afecta a la familia Urban en Ercilla. Sé del dolor que sienten frente a las llamas y cenizas de sus casas, cosechas y árboles; de la amargura de perder las fotografías y recuerdos de sus abuelos, los colonos que llegaron de Suiza. Pero lo que más los afecta no es la acción del encapuchado o el violentista, que es un delincuente más de la crónica policial: lo que les duele y los violenta es la indolencia del Estado y de la sociedad -de todos nosotros- frente al atropello sistemático y brutal de todos sus derechos.

La policía dice que no puede contener todos los atentados que sufre la familia Urban porque, según ellos, a pesar de saber que serán atacados, no es posible destinar tantos recursos sólo para su protección -la verdad es que, por prudencia "política", tampoco buscan enfrentarse con los encapuchados-. Algunos jueces sienten que para "preservar la paz social" (o sus propias carreras) deben hacer vista gorda sobre los delitos que se cometen en el marco del "conflicto indígena". Y el Gobierno, el administrador del Estado, destina cuantiosos recursos fiscales para que condenados por delitos terroristas adquieran a vil precio los bienes de sus víctimas. ¿Cuánto vale un predio en medio del conflicto, donde no se puede ejercer el dominio?.

En esta última década, la única iniciativa legal del gobierno tramitada en el Congreso relativa a la seguridad jurídica en la zona del conflicto mapuche no fue el término de los beneficios a los condenados por terrorismo o violencia; todo lo contrario, es un proyecto que elimina la calificación de delito terrorista a los atentados del tipo que sufre la familia Urban. Su dolor es plenamente comprensible.