Una vez más quiero usar las palabras de otra persona, en virtud a lo acertadas que resultan sus ideas respecto a un tema que ha sido abandonado y ninguneado sucesivamente por todos los Gobiernos de la Concertación; más allá de estar de acuerdo o no con las reivindicaciones de “un grupo de mapuches” (no son la mayoría, ya que el último censo arroja como antecedente que la mayoría de las personas de esta ascendencia viven en las grandes ciudades), aquí lo importante es que se ha actuado por fuerza de los hechos y preceptos como la justicia y el orden público fueron subordinado a pequeños grupos de opinión, pero que por la maraña de contactos con organizaciones en el extranjero, especialmente en Europa, han logrado doblarle la mano a un Estado débil y taciturno…y cuando no cómplice.
Domingo 15 de Marzo de 2009
Señor Director:
Lamentablemente, conozco la triste situación que afecta a la familia Urban en Ercilla. Sé del dolor que sienten frente a las llamas y cenizas de sus casas, cosechas y árboles; de la amargura de perder las fotografías y recuerdos de sus abuelos, los colonos que llegaron de Suiza. Pero lo que más los afecta no es la acción del encapuchado o el violentista, que es un delincuente más de la crónica policial: lo que les duele y los violenta es la indolencia del Estado y de la sociedad -de todos nosotros- frente al atropello sistemático y brutal de todos sus derechos.
La policía dice que no puede contener todos los atentados que sufre la familia Urban porque, según ellos, a pesar de saber que serán atacados, no es posible destinar tantos recursos sólo para su protección -la verdad es que, por prudencia "política", tampoco buscan enfrentarse con los encapuchados-. Algunos jueces sienten que para "preservar la paz social" (o sus propias carreras) deben hacer vista gorda sobre los delitos que se cometen en el marco del "conflicto indígena". Y el Gobierno, el administrador del Estado, destina cuantiosos recursos fiscales para que condenados por delitos terroristas adquieran a vil precio los bienes de sus víctimas. ¿Cuánto vale un predio en medio del conflicto, donde no se puede ejercer el dominio?.
En esta última década, la única iniciativa legal del gobierno tramitada en el Congreso relativa a la seguridad jurídica en la zona del conflicto mapuche no fue el término de los beneficios a los condenados por terrorismo o violencia; todo lo contrario, es un proyecto que elimina la calificación de delito terrorista a los atentados del tipo que sufre la familia Urban. Su dolor es plenamente comprensible.
Domingo 15 de Marzo de 2009
Señor Director:
Lamentablemente, conozco la triste situación que afecta a la familia Urban en Ercilla. Sé del dolor que sienten frente a las llamas y cenizas de sus casas, cosechas y árboles; de la amargura de perder las fotografías y recuerdos de sus abuelos, los colonos que llegaron de Suiza. Pero lo que más los afecta no es la acción del encapuchado o el violentista, que es un delincuente más de la crónica policial: lo que les duele y los violenta es la indolencia del Estado y de la sociedad -de todos nosotros- frente al atropello sistemático y brutal de todos sus derechos.
La policía dice que no puede contener todos los atentados que sufre la familia Urban porque, según ellos, a pesar de saber que serán atacados, no es posible destinar tantos recursos sólo para su protección -la verdad es que, por prudencia "política", tampoco buscan enfrentarse con los encapuchados-. Algunos jueces sienten que para "preservar la paz social" (o sus propias carreras) deben hacer vista gorda sobre los delitos que se cometen en el marco del "conflicto indígena". Y el Gobierno, el administrador del Estado, destina cuantiosos recursos fiscales para que condenados por delitos terroristas adquieran a vil precio los bienes de sus víctimas. ¿Cuánto vale un predio en medio del conflicto, donde no se puede ejercer el dominio?.
En esta última década, la única iniciativa legal del gobierno tramitada en el Congreso relativa a la seguridad jurídica en la zona del conflicto mapuche no fue el término de los beneficios a los condenados por terrorismo o violencia; todo lo contrario, es un proyecto que elimina la calificación de delito terrorista a los atentados del tipo que sufre la familia Urban. Su dolor es plenamente comprensible.
Osvaldo Carvajal Rondanelli
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